La represión se intensifica en Kenia tras las últimas protestas: “Nos quieren borrar”

El activista keniano Boniface Mwangi se encontraba en su casa el pasado 19 de julio cuando “seis hombres armados” irrumpieron en su propiedad. “Vivo en una granja en Machakos, en Lukenya [sureste de Nairobi]. Había ido al baño y, al regresar al salón, los encontré sentados y me dijeron que iban a arrestarme por instigar el terrorismo” en las protestas del pasado 25 de junio, cuenta este veterano de la lucha social keniana en una entrevista telefónica con EL PAÍS días después de su detención. Sin una orden judicial clara, según el relato del activista, los agentes revisaron su casa y confiscaron sus ordenadores, móviles y cuadernos. Después, lo llevaron a su oficina, repitieron el proceso y prometieron trasladarlo a la Dirección de Investigaciones Criminales, pero terminaron encerrándolo en una comisaría de Nairobi. Durante horas no se supo nada de él y al final del día lo dejaron libre.

El caso de Mwangi no es un hecho aislado. Organizaciones de derechos humanos denuncian que su detención se inscribe en un patrón más amplio de represión contra voces críticas en Kenia, que incluye arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y campañas de criminalización destinadas a frenar la creciente ola de descontento social en el país. Tres líderes vinculados a centros de justicia comunitaria, John Mulingwa Nzau, Mark Amiani y Francis Mutunge Mwangi, fueron arrestados el 27 de junio, dos días después de la última manifestación multitudinaria en Nairobi contra el Gobierno de William Ruto. Según la Fiscalía, habrían instigado la violencia en las protestas mediante publicaciones en redes sociales, pero organizaciones civiles como Amnistía Internacional denuncian que las acusaciones carecen de pruebas y buscan “decapitar” el liderazgo del movimiento.

De hecho, la supuesta actividad terrorista que los agentes atribuían a Mwangi se refería a su participación en esa misma protesta del pasado 25 de junio. La jornada, que inicialmente fue concebida como una conmemoración de las marchas masivas que justo un año antes habían tomado las calles de Nairobi contra la reforma tributaria de Ejecutivo, se convirtió en una explosión de indignación nacional contra el Gobierno keniano, al que exigieron reformas estructurales para combatir la crisis económica que aplasta al país, afectado por un fuerte sobreendedudamiento. Además del rechazo a nuevos impuestos sobre productos básicos como el pan, la gasolina o el acceso a internet, los manifestantes exigieron justicia por la muerte del profesor y bloguero Albert Ojwang bajo custodia policial, a principios de junio, así como la renuncia del presidente. Un total de 25 personas murieron aquel día, según el último recuento de la Comisión Nacional de Kenia de Derechos Humanos (KHRC, por sus siglas en inglés), al que ha tenido acceso este diario.

La frustración social en Kenia está alimentada por un hecho demográfico clave: aproximadamente el 80% de la población (de un total de unos 56,5 millones de habitantes) tiene 35 años o menos, según un reciente estudio del Afrobarómetro, que determina que la mayoría de los jóvenes kenianos considera que el Gobierno no está cumpliendo con sus prioridades. El mazazo que supuso la pandemia de covid-19, que provocó que millones de jóvenes perdieran empleos informales, unido al aumento del coste de la vida, ha llevado a un 40% de jóvenes a plantearse seriamente la idea de migrar, según el mismo estudio. Este descontento juvenil se ha traducido a su vez en activismo digital y protestas, especialmente entre las generaciones jóvenes, que usan redes sociales y promueven acciones colectivas sin estructuras formales. El caso de Kenia ha adquirido proyección continental y funciona ya como un espejo para movimientos similares en otros países africanos afectados por crisis económicas, falta de oportunidades y represión del espacio cívico.

“Me quedé en shock, no podía respirar”, detalla Mwangi, recordando el momento de su detención. Ya le habían arrestado en octubre por su activismo y el pasado mayo fue retenido y torturado en un hotel de Tanzania, a donde había acudido para asistir a Tundu Lissu, líder del principal partido de la oposición de aquel país, CHADEMA, que estaba en prisión acusado de publicar información falsa, según denunció en una rueda de prensa. Pero en esta ocasión, los cargos contra Mwangi eran especialmente graves: lo acusaban de pagar a goons —término local para matones a sueldo— que presuntamente sembraron el desorden durante las protestas, según llegó a denunciar el propio Ruto. En una reunión con responsables de la seguridad del país el pasado 28 de junio, el presidente de Kenia describió lo sucedido en la manifestación como un “caos calculado” e “inconstitucional” que tiene como objetivo “cambiar el régimen”.

La verdadera razón por la que me detuvieron es porque he formado parte de movimiento que exige responsabilidades a Ruto

Boniface Mwangi, activista

“Los únicos que pagan matones son ellos [el Gobierno]. Hay vídeos, fotos, pruebas de que son enviados por políticos, pero nadie ha sido arrestado. Nosotros protestamos sin violencia. No quemamos, no apedreamos”, se defiende Mwangi, que denuncia que “el Gobierno ha externalizado la represión”. “La gente teme más a esos goons que a la propia policía, porque pueden golpearte hasta matarte”, añade.

De hecho, aunque “en las redes sociales [las autoridades kenianas] publicaron que me habían detenido por terrorismo, cuando fui al juzgado, el cargo había cambiado: de terrorismo a posesión de munición, que ni siquiera tenía”, relata. Sin embargo, cree que el motivo es otro: “La verdadera razón por la que me detuvieron es porque he formado parte de movimiento que exige responsabilidades a Ruto, movilizando y pidiendo justicia para las víctimas asesinadas en las protestas del año pasado [unas 60, de las que solo una está siendo investigada]. Debido a mi activismo, me señalaron como a uno de los líderes”, apunta.

“La libertad cívica en Kenia está siendo reprimida deliberadamente”, denuncia Ernest Cornel, portavoz de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KHRC), en una entrevista telefónica con este diario. “La policía utilizó fuerza excesiva, mató, secuestró y provocó la desaparición de ciudadanos. Lo que dice la Constitución en su artículo 37, que los kenianos tienen derecho a manifestarse, ya no se cumple”, añade. Según datos actualizados de la KHRC, además de las 25 personas que murieron en las protestas del 25 de junio, otras 35 perdieron la vida el 7 de julio, durante el simbólico día de Saba Saba [“siete siete” en suajili, en referencia a la fecha], que recuerda las luchas contra el régimen autoritario de los años noventa. “Julio ha sido el mes más sangriento del año”, resume Cornel.

Brayan Mathenge, economista y coordinador del Centro de Justicia de Githurai, explica así la creciente ola de represión en una conversación por WhatsApp: “Nos quieren borrar, pero están generando más coraje. Esto no va a parar. Somos una generación que ya no cree en las promesas vacías ni en las reformas desde arriba”.

Querían mandar un mensaje claro: nadie está a salvo. No importa tu visibilidad ni tu trayectoria. Si molestas al poder, vas a pagar un precio

Ernest Cornel, portavoz de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia

Las detenciones y desapariciones se han vuelto sistemáticas, según denuncia la KHRC. En 2024, esta ONG documentó 82 desapariciones forzadas. “Este año seguimos recibiendo denuncias, pero es difícil hacer el recuento exacto porque muchos secuestros ocurren de noche, sin testigos, y los familiares tienen miedo de denunciar”, explica Cornel. Y añade: “No es casualidad que Boniface [Mwangi] fuera arrestado. Querían mandar un mensaje claro: nadie está a salvo. No importa tu visibilidad ni tu trayectoria. Si molestas al poder, vas a pagar un precio”.

Pero el caso de Mwangi tiene además una dimensión regional. Dos días antes de su arresto, él y la activista ugandesa Agather Atuhaire habían presentado una demanda contra el Gobierno de Tanzania ante el Tribunal de Justicia de África Oriental por haber sido detenidos ilegalmente y torturados en mayo. “No es coincidencia. Los gobiernos de esta región [Ruto en Kenia, Yoweri Museveni en Uganda y Samia Hassan Suluhu en Uganda] se copian los métodos. Usan el miedo y el sistema judicial para silenciar a quienes disienten”, sostiene.

Pero pese a la opresión, la movilización no cesa. “Cada vez que arrestan a un defensor, más gente se suma. La represión ya no engaña a nadie. No es para proteger al pueblo, es para proteger al poder”, señala Cornel. Mathenge lo resume así: “Si nos obligan a escoger entre el miedo y la dignidad, muchos vamos a elegir la dignidad, aunque sepamos lo que eso cuesta”.

Boniface Mwangi va más allá y cree que el país se encuentra en una encrucijada: “Kenia fue una democracia vibrante. Pero si Ruto logra cambiar la Constitución y quedarse más allá de 2027, nos quedaremos sin país. Por eso seguimos en la calle. Porque si no resistimos, lo perdemos todo”.